El éxodo campesino e indígena: Nicaragua 2018 y la herida abierta del exilio

Desde abril de 2018 miles de personas nicaragüenses emprendieron un exilio forzado con la intención de salvar la vida, proteger la tierra y conservar la memoria de sus comunidades. Lo que comenzó como una protesta contra las reformas de la seguridad social impulsadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y contra la negligencia en la atención del incendio en la reserva Indio Maíz (sumado a decisiones previas que vulneraban derechos territoriales) se transformó en una crisis política que expulsó a familias enteras hacia Costa Rica, Estados Unidos, México y España. No fue una migración económica: fue un éxodo de resistencia y supervivencia.

Las raíces del conflicto se hunden en años anteriores. En 2013 la aprobación de la Ley 840 y la concesión del proyecto del gran canal interoceánico, tramitadas sin consulta previa a las comunidades afectadas, implicaron la vulneración del derecho de pueblos indígenas, afrodescendientes y del campesinado sobre sus territorios y medios de vida. Aquella imposición alimentó la emergencia de un movimiento campesino anticanal, que tomó calles y carreteras para defender el territorio y la autonomía comunitaria.

A esos conflictos territoriales se sumaron acontecimientos concretos que tensionaron aún más el país y ayudaron a articular demandas diversas en una sola protesta. Por un lado, el incendio en la reserva biológica Indio Maíz, un pulmón biótico de enorme valor ecológico y cultural, fue un suceso que muchos interpretaron como un símbolo de la negligencia y la captura del Estado. El fuego arrasó extensas hectáreas de bosque y puso en evidencia la falta de una respuesta eficaz por parte de las autoridades: las comunidades y las voluntarias intentaron sofocar las llamas mientras las señales de abandono institucional alentaban la indignación ciudadana. Para el campesinado, las ambientalistas y los pueblos indígenas y afrodescendientes, la destrucción de Indio Maíz fue la manifestación más visible de la dejación del deber estatal y de un patrón repetido en proyectos y concesiones que terminaban por amenazar territorios, medios de vida y biodiversidad.

Por otro lado, a mediados de abril de 2018 se produjo otro hecho detonante: una reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que implicaba el aumento de las aportaciones y recortes efectivos en las prestaciones, incluida la reducción de la capacidad de las pensiones. Para las jubiladas, que eran ya un sector vulnerable, la medida fue un agravio. Sus movilizaciones iniciales, que buscaban frenar la pérdida de ingresos que sustentaban el día a día, fueron reprimidas con dureza. Cuando las estudiantes universitarias y otros sectores salieron a proteger y a acompañar a las pensionistas, la protesta se amplificó y adquirió una dinámica nueva: ya no era solo una queja económica, sino también una respuesta colectiva a un modelo de gobernabilidad que imponía costes sociales mientras criminalizaba la disidencia.

La confluencia de la defensa del medio ambiente, la protesta ciudadana contra las reformas que golpeaban a los más vulnerables y la indignación por la restricción de espacios cívicos generó en cuestión de días una explosión social de amplio alcance. La respuesta estatal fue una represión masiva: detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta y una ola de violencia que dejó al país marcado. El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) registró al menos 355 muertos en los meses iniciales del conflicto (abril-julio de 2018), entre ellos, campesinas, e studiantes, jornaleras y docentes. Ante esa violencia, la huida se convirtió en la única salida posible.

ACNUR documentó que, en el primer año, más de 60 000 nicaragüenses habían abandonado el país, de los cuales 55 500 se dirigieron a Costa Rica. En 2020 ya se contabilizaban más de 100 000 personas desplazadas forzosamente. Algunas organizaciones como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más elevan la cifra aún más y estiman que, hasta finales de 2024, cerca de 800 000 nicaragüenses (casi el 12 % de la población) habían salido del país, de los cuales solo Costa Rica recibió a más de 250 000 solicitantes de refugio. A finales de 2024, ACNUR registraba en Costa Rica más de 280 000 desplazadas, de las cuales 217 915 eran solicitantes de asilo. La presión administrativa y humanitaria que ello conlleva ha empujado a muchas personas a la informalidad, la precariedad y la incertidumbre.

Entre las víctimas más vulnerables figuran los pueblos indígenas de Costa Caribe (miskitos y mayangnas, entre otros). Para ellos a la persecución política se suma la violencia estructural, ejercida a través de la tala ilegal, la invasión de tierras, los asesinatos de líderes y las detenciones arbitrarias. Esa violencia territorial ha provocado desplazamientos colectivos que no se resuelven con el simple cruce fronterizo ya que implican la pérdida de saberes, prácticas y modos de vida que son difíciles de reproducir en el exilio.

El éxodo no cortó la persecución. El régimen ha extendido su aparato represivo más allá de las fronteras a través de medidas destinadas a neutralizar a la disidencia en el exterior como, por ejemplo, la revocación arbitraria de la nacionalidad, las trabas administrativas para renovar el pasaporte o acceder a los consulados, la inclusión en listados que dificultan la movilidad y, en casos extremos, agresiones y atentados contra opositoras fuera del país.

Estas prácticas tienen efectos concretos y duraderos ya que, al retirar la ciudadanía o bloquear documentos, el Estado priva a las personas de herramientas jurídicas básicas para renovar el pasaporte, inscribirse en los consulados o gestionar recursos y las somete a una situación próxima a la apatridia.

Más allá de las consecuencias individuales, el efecto colectivo es devastador: se limitan las posibilidades de movilidad y retorno con garantías, se debilitan las redes de solidaridad transnacionales y se elimina el último paraguas legal que conecta a las personas con su territorio y sus derechos. Para quienes ya perdieron tierras y liderazgos en Nicaragua, la retirada de la nacionalidad supone una expulsión simbólica y definitiva que exige respuestas urgentes de los países de acogida y de los mecanismos regionales de protección.

La repressió nicaragüenca des de 2018 en xifres:

*Aquestes xifres són orientatives, ja que fluctuen amb rapidesa, però han estat contrastades per diversos organismes internacionals com ACNUR/UNHCR, Colectivo Nicaragua Nunca Más, Fundación del Río o Human Rights Watch.

Doña Cánidad

Llegó en 2018 con lo imprescindible, «dos mudaditas», Cándida Orozco Sequeira, nacida en San Miguelito (Río San Juan). Comenta que en Nicaragua trabajaba la tierra con su familia: «Arroz, frijoles, maíz, yuca, plátano… lo básico lo cultivábamos nosotros», hasta que la persecución obligó a dejarlo todo «botado» y «mirar para acá».

El primer golpe del exilio fue la desorientación. Al cruzar, la falta de redes y de documentos convirtió la llegada en una carrera por la supervivencia: «veníamos sin nada… con costo sacamos dos mudaditas cada uno», relata Cándida. Dormir en casas prestadas, buscar trabajo diario o aceptar tareas mal pagadas o informales, esa precariedad inicial marcó el inicio de un proceso de recomposición colectiva que aún continúa. La mediación de organizaciones fue un punto de inflexión. Doña Cándida recuerda que ACNUR los ayudó con la documentación y que, sobre todo, la Fundación del Río con fondos provenientes, entre otros, de la cooperación catalana y municipalista de Cataluña y con el impulso de un proyecto que les aseguraba alquilar tierras para volver a sembrar.

Esa intervención articuló dos dimensiones esenciales: por un lado, dio acceso a terreno cultivable; por otro, sirvió como catalizador organizativo. «Nos dijeron que nos organizáramos y nos alquilaron una tierrita por dos años», explica. La cooperación no hizo el trabajo por ellos: «Nos organizamos, hicimos el grupito y ellos nos alquilaron los terrenos… y ahí ya empezamos a sembrar, a ponerlos en forma, a limpiar el terreno». El resultado fue la puesta en marcha de un campamento agrario: parcelas compartidas, labores colectivas y la reconstrucción de rutinas agrícolas que habían sido destruidas por la represión.

El asentamiento se fue construyendo con recursos mínimos y mucha creatividad. Las casas se levantaron con «palito para los horcones» y zinc usado; el tejado y los materiales vinieron «poquito a poquito» con el ahorro de las familias. El terreno donde levantaron sus ranchos procede de una parcela lotizada por una asociación a partir de una propiedad del Instituto de Desarrollo Rural Costarricense. Los habitantes lo llaman un «terrencito prestado». Esa situación de usufructo condiciona la seguridad jurídica del campamento. «No estamos tampoco aquí seguros porque el Instituto de Desarrollo Rural Costarricense es el dueño», dice Cándida. La precaria titularidad deja abierta la posibilidad de amenazas de desalojo y limita la capacidad de planificar a largo plazo.

Volver a sembrar ha sido, además, una lección de adaptación técnica y económica. En Nicaragua la siembra se hacía con técnicas sencillas: «uno chapeaba, limpiaba y sembraba». En Costa Rica, por el contrario, el cultivo exige mecanización, insumos y trabajos de faena distintos. «La mecanizada por manzana cobran 90 000», afirma. En muchos casos es necesario abonar y complementar el suelo de otra forma. Las campesinas nicaragüenses aprendieron «en la práctica», con la ayuda de amistades y de quienes ya vivían en la zona, a combinar abono orgánico con técnicas locales. Pero la transformación no fue completa ya que el abono orgánico demuestra resultados más lentos y faltan los insumos.
El clima añade otra variable crítica. En los últimos ciclos, la lluvia —más intensa y errática— arruinó cosechas de sandías, que se perdieron por inundaciones, y yucas, que se pudren en terrenos bajos. Esa irregularidad climática amplifica la fragilidad económica del campamento porque una mala cosecha no solo disminuye la comida disponible, sino que corta los pocos ingresos con los que las familias pagan los alquileres, repagan préstamos o compran lo indispensable.

La comercialización de la producción es otra pieza frágil del engranaje. Las campesinas venden a compradores locales que llegan en camión y pagan «el precio que ellos quieren»; no tienen medios para llevar su producción a mercados más rentables ni cuentan con la logística para procesarla o etiquetarla. «En Nicaragua salíamos a vender el queso; aquí nos vienen a comprar y nos pagan lo que quieren», resume. Esa dependencia de intermediarios estrecha los márgenes y limita la posibilidad de reinvertir en mejoras del campamento.

Frente a esas limitaciones, la cooperación ha permitido iniciativas concretas como los alquileres temporales de tierra, la entrega de pequeños proyectos porcinos, la formación técnica y la creación de redes. Doña Cándida habla de la Red de Mujeres de Mi Tierra, un grupo de diez mujeres de su territorio que surgió con el acompañamiento de la Fundación del Río, entidad donde reciben formaciones sobre emprendimiento, derechos y género y se les ofrece acceso a un «fondo revolvente». La desconfianza inicial hacia el crédito (el miedo a quedar endeudadas) se fue superando progresivamente gracias al acompañamiento técnico y las explicaciones que hicieron comprensible el funcionamiento de los préstamos. El trabajo con mujeres demuestra cómo la cooperación puede potenciar las capacidades locales más allá del simple reparto de insumos.

Sin embargo, continúa habiendo cuestiones que no soluciona la ayuda externa, como la seguridad sobre la tierra y la sostenibilidad económica, ya que el arriendo tiene plazos y los apoyos se terminan. «Tenemos tres años de estar sembrando… pero se terminó el plazo de las tierras», advierte preocupada. Esa condición impone la urgencia de políticas públicas y de marcos legales que protejan los asentamientos como este y faciliten el acceso a mercados y a mecanismos de comercialización propios.

Aun con todas las dificultades, los Ángeles, su campamento, es también un laboratorio de resistencia. Allí se reconstruyen prácticas comunitarias como compartir semillas, ayuda mutua para construir ranchos, formación colectiva y transmisión de saberes agrícolas. La agricultura no es solo sustento, es una forma de mantener la identidad campesina y preparar la posibilidad de retorno con memoria política. «Esperamos que Nicaragua vuelva a ser libre y regresemos a nuestro país», sentencia doña Cándida.

Don Claver

Claver Estrada Pérez recuerda la fecha exacta en la que llegó a Costa Rica: fue el 26 de agosto de 2018. Venía de El Tule, en el municipio de San Miguelito (Río San Juan), un territorio golpeado primero por las concesiones y luego por la represión. «Nos empujó a salvar la vida», sintetiza. La participación en el movimiento campesino y la alianza con las protestas estudiantiles convirtieron a muchos en objetivo, pero la salida no fue individual; llegaron treinta personas del mismo entorno: familias, vecinos, compañeros… y con ellas comenzó una nueva forma de resistir desde el exilio.

El primer refugio fue una iglesia en Caño Negro. El pastor les cedió el espacio cuando no había casas para tanta gente. Allí la ayuda humanitaria y el trabajo de mediación marcaron la diferencia. ACNUR y otras organizaciones llevaron kits de alimentos, los orientaron sobre trámites y tendieron los primeros puentes. «Nos iban sacando las citas», recuerda Claver. Sin esos apoyos, muchos hubieran quedado atrapados en una condición administrativa que los exponía a devoluciones o a la precariedad absoluta.

Colectivamente, decidieron reaprender a vivir de la tierra. Con la mediación y la financiación inicial de la Fundación del Río, el grupo que empezó formado por veinte personas buscó fincas para alquilar. «La idea fue de la Fundación del Río y nosotros la complementamos; nosotros hicimos el trabajo», relata. Tras las negociaciones con un terrateniente desconocido, acordaron un arriendo que se ha ido pagando y que permitió parcelar el espacio en el que hoy cada familia tiene su «lotecito». El proceso fue artesanal y comunitario: desbrozar, arar, limpiar y construir ranchos con recursos mínimos.

El campamento, que hace dos años apenas contaba con dos o tres casitas, hoy muestra dieciocho estructuras, doce habitadas y otras en proceso de construcción. La expansión es palpable, pero también lo es la fragilidad jurídica del proyecto, ya que la tierra está en arriendo y la comunidad vive con la incertidumbre del plazo. «Estamos ubicados…, pero falta un empujoncito; la madera y el hierro están caros para hacer ranchos», dice Claver. Esa falta de seguridad sobre el suelo es el precio del exilio: el techo se consigue con trabajo, pero el derecho a la tierra sigue pendiente.

La agricultura es la columna vertebral del proyecto de vida. En los primeros años la producción fue alentadora, pero después llegaron dificultades puesto que la segunda cosecha «no salió tan bien» y la tercera se vio gravemente afectada por las condiciones meteorológicas. Los cultivos que mejor han funcionado son los tradicionales de subsistencia como la yuca, el quiquisque y los frijoles. También intentaron la sandía, pero la campaña reciente se vio afectada por las lluvias, que tiraron la flor y pudrieron plantas situadas en terrenos bajos. «La lluvia afecta mucho al cultivo… hasta la yuca se está queriendo pudrir», relata Claver, que subraya cómo la variabilidad climática se suma a la precariedad de los suelos y las técnicas adaptadas.

Adaptarse al nuevo pedazo de tierra implicó aprender, ya que la agricultura costarricense exige mecanización y complementos como abonos y prácticas de cultivo que no eran necesarios en las fincas nicaragüenses, donde «chapiaban y sembraban». La Fundación del Río no suministra químicos, pero proporcionó abono orgánico y formación técnica. «El abono orgánico da resultado a los tres meses, pero no suple al químico», explica Claver. El aprendizaje ha sido comunitario gracias a los compañeros que ya vivían en la zona y que compartieron saberes y ayudaron a pulir los métodos.

Vender lo que se produce es un desafío tan grande como producirlo. La mercancía se ofrece a compradores que pasan en camiones y fijan el precio. «Aquí vienen los compradores y pagan lo que ellos quieren», dice Claver, igual que Cándida. Lo que en Nicaragua se llevaba a mercados más lucrativos (por ejemplo, la venta de queso o la subasta de cerdos en Managua), aquí choca con barreras logísticas, el etiquetado y la necesidad de intermediación empresarial. La ausencia de medios de transporte y de canales cooperativos limita los ingresos y mantiene a las familias en márgenes estrechos.

Para diversificar los ingresos y reducir los riesgos, las ONG han promovido proyectos complementarios. Un ejemplo reciente es la entrega de cuatro cerdas a nueve familias, una iniciativa que ya dio resultado al producir su primera camada y que permitió obtener ingresos puntuales. Claver ve esas iniciativas como el principio de algo mayor: «es un proyecto que comenzó poquito, pero pensamos ampliarlo». También el pago del arriendo aumenta: el año anterior se pagaron 150 colones costarricenses y este año 180, los que supone más presión para la ya ajustada economía del campamento.

La vida colectiva no es solo producción, sino también aprendizaje social y político. Las reuniones, la organización del trabajo por turnos, la construcción de ranchos y la negociación con los propietarios y las ONG han creado liderazgo local. Claver y Cornelio, otro referente del grupo, han sido formadores, además de gestores, y su trabajo ha sido fundamental para sostener la cohesión y poner en marcha los proyectos.

Por último, asoma la cuestión del tiempo y la esperanza. El arriendo tiene fecha de fin y la comunidad mira al futuro con incertidumbre: «Se termina el plazo de las tierras; vamos a ver qué nuevo nos traen ellos y qué nuevo implementamos nosotros», concluye Claver. Pese a la precariedad, la decisión de sembrar y organizarse confirma una voluntad política no solo de sobrevivir, sino de conservar la identidad campesina y de prepararse para una eventual vuelta con garantías.

Entre Veracruz y Los Chiles, la vida cotidiana transcurre entre huertos de yuca y pequeñas crías de aves que intentan sostener la alimentación familiar. El asentamiento, conocido por sus habitantes como Ingwaka Raya (‘nuevo amanecer’ en miskito), es el resultado de unos acuerdos parciales entre organizaciones y varias familias desplazadas que huyeron de la violencia territorial y política en Costa Caribe, en Nicaragua. Allí conviven demandas urgentes de acceso a servicios básicos con proyectos de recuperación cultural que buscan mantener el idioma y las prácticas productivas ancestrales.

Sinforosa Davis Escobar, Mama Rosa, tiene 58 años y sintetiza el origen del desplazamiento en términos históricos y jurídicos: «Soy orgullosamente mujer miskita… nos han venidvo despojando de nuestras tierras y de nuestros recursos naturales y cercenando nuestros derechos históricos». Su relato remite a la continuidad de procesos coloniales y a fallos en la implementación de los marcos legales diseñados para proteger las autonomías regionales (la Ley 28 de Autonomía y la Ley 445 de Régimen de la Propiedad Comunal), que, según las comunidades, no han impedido la concesión de proyectos extractivos en territorios colectivos ni la imposición de autoridades afines al partido de gobierno.

Las denuncias son concretas, como la aprobación de concesiones sin consulta previa, la invasión de territorios comunales por parte de colonos y las detenciones y las agresiones a líderes indígenas. «Si a ellos les hacen esto, imagínese lo que nos pueden hacer a nosotras», advierte Sinforosa en referencia a dirigentes miskitos que han sido encarcelados o procesados. Estas prácticas, según las voces del campamento, erosionan no solo el acceso a la tierra, sino también la capacidad de reproducción cultural y económica de las comunidades.

El proyecto de Ingwaka Raya se planteó como una alternativa de alojamiento y producción. Sinforosa explica que hubo «muchas reuniones» y compromisos iniciales, pero que buena parte de esos acuerdos no se materializaron. La ubicación del terreno —alejada de servicios como escuelas, centros de salud o mercados— condiciona la vida diaria ya que deben recorrer distancias largas para el acceso a la escolaridad o para recibir atención médica, depender de empleos temporales en fincas cercanas y afrontar limitaciones logísticas para comercializar excedentes agrícolas. «El aislamiento no es solo geográfico; es también una barrera para el acceso a derechos», señala.

El testimonio de Antonio Francisco Davis, de 43 años, añade la perspectiva productiva y los riesgos laborales que impulsaron el exilio. Antonio era pescador artesanal en Nicaragua y cuenta que la imposición de concesiones y la concentración del mercado en grandes empresas limitaron el acceso al mar y encarecieron las condiciones de trabajo. Relata, además, prácticas de pesca de buceo en condiciones inseguras: «La pesca mediante buceo sin los equipos adecuados ha dejado a decenas de jóvenes inválidos y algunos muertos». Su realidad en Las Marías combina la seguridad frente a la persecución política con la necesidad de recursos. «Aquí gozo de tranquilidad y libertad; ya no sufro persecución ni represión como en mi país», afirma, y añade la lista de carencias que limitan la viabilidad del asentamiento, como insumos agrícolas, abonos, medicamentos básicos, transporte escolar y una solución para cocinar que reduzca el uso de leña.

Económicamente, las familias han intentado reproducir patrones productivos conocidos, como los huertos familiares de yuca, maíz y frijoles, la crianza de gallinas y cerdos de corral y la venta de huevos. Algunas organizaciones humanitarias y de derechos humanos les han facilitado semillas, herramientas y acompañamiento técnico. Esos apoyos han permitido que los corrales produzcan y que la alimentación cotidiana no dependa únicamente del mercado. No obstante, la oferta de cooperación es parcial y temporal: los insumos se agotan, las asesorías técnicas son limitadas y los canales para la comercialización son reducidos. Antonio precisa que se están quedando sin abonos y que la falta de transporte dificulta llevar los productos a mercados y comprar insumos más económicos.

Además de las necesidades materiales, las familias expresan preocupación por la transmisión cultural. Mama Rosa advierte que las nuevas generaciones, escolarizadas fuera del entorno comunitario, están perdiendo el idioma miskito: «Sin idioma y sin cultura no somos nadie; ¿quién defenderá nuestros derechos?». Para las familias, mantener la lengua y las prácticas agrícolas es fundamental para la continuidad de sus reivindicaciones territoriales y para la posibilidad de un retorno informado y con garantías. En ese sentido, la enseñanza comunitaria, los talleres y las actividades culturales que se llevan a cabo en el campamento son estrategias que combinan supervivencia y reproducción cultural.

Las demandas formuladas desde Las Marías son claras y de carácter operativo: la mejora de la conectividad mediante transporte regular o soluciones intermedias (caponeras o bicicletas), la instalación de infraestructura educativa y sanitaria básica, el suministro estable de insumos agrícolas y la asistencia técnica para adaptar cultivos al suelo local, la gestión de estufas de gas o alternativas que reduzcan la necesidad de cortar leña en tierras privadas y la dotación de botiquines y equipos de primeros auxilios. Además, reclaman programas sostenidos para revitalizar el idioma y la memoria colectiva, que incluyan materiales didácticos y la formación de docentes comunitarios en miskito.

El campamento plantea también una lectura política de la cooperación e incide en que las respuestas deben ir más allá de la asistencia puntual y orientarse a fortalecer la autonomía de las comunidades exiliadas. Eso implica ajustar los mecanismos de cooperación para atender a las poblaciones desplazadas en países con indicadores generales de desarrollo altos, pero que tienen bolsas de pobreza relacionadas con la marginalización territorial, como ocurre en la zona fronteriza de Los Chiles y Upala. Requiere, asimismo, un acompañamiento técnico para formalizar proyectos productivos y lograr el acceso a circuitos de comercialización que no obliguen a depender exclusivamente de compradores informales con precios reducidos.

Las Marías aspira a consolidarse como un espacio donde la comunidad miskta pueda producir alimentos, enseñar su idioma y mantener vínculos organizativos con territorios de Nicaragua. Mientras tanto, la experiencia en el asentamiento ofrece lecciones para la cooperación y para los gobiernos de acogida, como que la atención a los desplazamientos políticos debe integrar criterios de derechos territoriales, acompañamiento cultural y herramientas para la sostenibilidad económica. Para las familias que allí viven, la prioridad es práctica y debe pasar por asegurar unas condiciones que permitan la reproducción de la vida y la cultura y que, a la vez, sostengan las redes de resistencia y la esperanza de retorno.

La Red de Mujeres de Mi Tierra es una red comunitaria, feminista y rural formada por mujeres nicaragüenses exiliadas en Costa Rica que han encontrado en la organización colectiva una forma de reconstruir vidas dignas y de vivir de manera resiliente las múltiples vulneraciones que enfrentan por ser mujeres, exiliadas y campesinas. En 2025 cuenta con treinta y nueve participantes, que viven en diferentes zonas del territorio transfronterizo del norte de Costa Rica y que se articulan en pequeños grupos locales de entre cinco y quince mujeres cada uno.

Estos grupos trabajan y se organizan conjuntamente en su entorno inmediato y, a la vez, forman parte de la Red de Mujeres de Mi Tierra, un espacio más amplio donde comparten procesos de formación, incidencia y cuidado colectivo. Actualmente, esta entidad trabaja, entre otros aspectos, el fortalecimiento de la cohesión interna y las capacidades organizativas para poder impulsar acciones de sensibilización y defensa de los derechos de forma más articulada. Las integrantes destacan, además, que el nombre Mujeres de Mi Tierra se decidió de manera colectiva para poder visibilizar que, al encontrarse en el exilio, todas comparten el sentimiento de anhelo de su tierra (Nicaragua), una situación que las ha unido, que les da identidad y que las hace sentirse cercanas las unas a las otras.

El origen de la red se encuentra en las dificultades de la vida cotidiana de las familias campesinas nicaragüenses en el exilio, como los alquileres imposibles, los trámites migratorios complejos, las dificultades para escolarizar a los hijos y la vulnerabilidad de ser una fuerza de trabajo frecuentemente explotada e invisibilizada. Ante esta realidad, la Fundación del Rio (que acompaña en procesos de organización campesina en el exilio) inició un proyecto de acompañamiento y formación colectiva en derechos humanos, liderazgo y derechos con un enfoque especial hacia las mujeres. En una sociedad marcada por las estructuras patriarcales, la necesidad de crear espacios propios de apoyo mutuo y empoderamiento dio lugar a la organización de grupos de mujeres que, encontrándose entre distintas zonas, decidieron crear la Red de Mujeres de Mi Tierra.

A partir de aquí, articuladas y con el acompañamiento de la Fundación del Rio, crearon una agenda propia «a largo plazo» con tres líneas de trabajo: cohesión interna, formación en derechos humanos y feminismo y sostenibilidad económica. Junto con el apoyo de otras ONG locales, actualmente la red y sus integrantes impulsan proyectos productivos y sociales, realizan formaciones y encuentros entre zonas para el fortalecimiento personal y colectivo y sostienen en redes de cuidado que exceden lo económico y reconstruyen el tejido social.

Las formaciones impartidas a lo largo de los años han sido varias. Algunas mujeres participan en formación de corte y confección con apoyo de RIDE (una organización europea) y de Cenderos; otras reciben cursos de inglés o informática gestionados por ACNUR, entre otras ONG. Pero las formaciones actuales, de tres meses, resultan insuficientes para dominar oficios complejos: «En tres meses no se aprende nada», dice María. El deseo recurrente es que haya programas más largos (de un año o quince meses) que permitan profesionalizar las habilidades y lograr emprendimientos sostenibles.
En medio de ese mapa formativo y organizativo y como una de las líneas estratégicas de la red, la Fundación del Río comienza a trabajar en la creación del Fondo Mujer. Se trata de un fondo revolvente que sirve como herramienta económica y que ha facilitado el nacimiento de pequeñas iniciativas económicas individuales y colectivas. A día de hoy, han sido un total de nueve.

Elizabeth, una de las fundadoras de la red, cuenta cómo el fondo le permitió montar un negocio de engorde de pollos. Con un apoyo de 500 dólares compró pollos, alimento, malla y materiales para construir el aislante; dos meses después, vendió y volvió a invertir y así consolidó un ingreso que le permitió comprar una lavadora y cubrir los gastos familiares. Explica que el fondo se devuelve sin intereses en plazos accesibles (se puede pactar a seis meses o un año) y funciona como un capital semilla rotatorio que vuelve al grupo para que otras mujeres lo usen.

El diseño del fondo ha tenido aprendizajes prácticos. En la primera versión, la ayuda se entregaba mediante compras facturadas electrónicamente: la organización gestionaba el pago a los proveedores y los insumos le llegaban a la beneficiaria. Este procedimiento fue clave para mostrar transparencia y control, pero también generó una barrera logística puesto que algunos proveedores locales no emiten factura electrónica, lo que obligaba a comprar fuera del barrio y elevaba los costes. Elizabeth propone una mejora concreta: permitir los desembolsos en efectivo controlados para adquirir en comercios cercanos, dinamizar la economía local y facilitar la logística para las mujeres con menores a su cuidado. Su propuesta condensa una lección: la ayuda diseñada sin entender las prácticas del mercado local puede generar una burocracia que erosiona la eficacia.

Además del aspecto económico, el fondo tiene un fuerte efecto psicosocial. Elizabeth relata que, al llegar a Costa Rica, entró en depresión. Participar en la red, recibir formación y gestionar su emprendimiento de pollos le devolvió la autoestima y una rutina capaz de sostener la maternidad y el trabajo. «La Red de Mujeres nos capacita bastante sobre violencia de género, nos ha ayudado a comportarnos mejor, a no pelearnos tanto», dice. La experiencia confirma que los proyectos productivos son también dispositivos de cuidado: permiten conciliar la tarea doméstica con la generación de ingresos y fortalecen la salud mental colectiva.

Sin embargo, no todo es progreso lineal. En la red también hubo recelo frente al crédito ya que muchas mujeres temieron endeudarse y preferían no tomar el préstamo revolvente hasta entender bien su funcionamiento. María reconoce ese miedo: «Nos daba temor quedar endeudadas y perder lo poco que tenemos». La solución ha sido el acompañamiento: talleres de gestión financiera básica, elaboración de presupuestos y seguimiento por parte de la Fundación del Río. Ese acompañamiento técnico y afectivo es lo que convierte un microcrédito en una palanca de autonomía y no en un riesgo.

La red ha demostrado que la organización en clave feminista y la unión de pequeños emprendimientos permite crear economías de escala, compartir herramientas y conocimiento y generar poder de negociación con compradores y donantes. También ha abierto espacios de liderazgo femenino donde las mujeres que administran el fondo, que organizan talleres o que forman a otras en costura o en crianza de pollos incorporan una autoridad que trasciende la emergencia.

En la franja norte de Costa Rica la selva se mezcla con fincas y campamentos improvisados que dan respuesta al éxodo nicaragüense. Allí agrupaciones campesinas y redes de organizaciones reconstituidas desde el exilio han convertido asentamientos como el de Upala, Caño Negro o Las Marías en laboratorios de vida con parcelas sembradas, talleres de formación, proyectos de ganadería y casas que poco a poco dejan de ser refugios y pasan a ser hogares. Pero detrás de esa resiliencia hay una queja recurrente: la cooperación internacional no está llegando con la agilidad ni en las modalidades que exige una crisis política que ha expulsado a personas y organizaciones enteras de su país.

«La situación de Nicaragua es una situación difícil; todavía se mantiene la crisis social, política y ahora económica», resume Amaru Ruiz, defensor de los derechos humanos y exiliado apátrida que trabaja con redes de cooperación vinculadas a Cataluña y que conoce la reconfiguración del tejido social nicaragüense fuera del país. El cierre del espacio cívico y la represión obligaron a muchas ONG y colectivos a salir de Nicaragua y reconstituirse en el exilio. «Muchas de las organizaciones que todavía existían en el país han tenido que salir al exilio», afirma Amaru. Y ese reagrupamiento encuentra ahora un escollo técnico y político: los mecanismos de financiación y los criterios de elegibilidad de las agencias públicas de cooperación no están diseñados para sostener proyectos desde un país receptor, como Costa Rica, ni para operar en contextos donde la dictadura ejerce un control transnacional.

Amaru describe el problema con claridad: «Costa Rica, pese a sus buenos indicadores nacionales, concentra zonas de pobreza pronunciada en la frontera norte, donde se asientan miles de nicaragüenses desplazados. Allí los índices de pobreza son muy superiores al promedio nacional», explica, y añade que «esos sitios donde se ubica la población refugiada requieren una mayor actuación, sobre todo, de cooperación al desarrollo». El choque entre las estadísticas macro y la realidad local explica por qué muchos proyectos quedan fuera de las líneas de financiación, ya que las reglas adjudican recursos según los indicadores promedio del país receptor y no contemplan excepciones para contextos de emergencia política que precisan flexibilidad.

El caso es, además, político. Amaru advierte que «la comunidad internacional no estaba preparada para operar frente a un régimen dictatorial que persigue a la sociedad civil» y denuncia que esa falta de adaptación limita la posibilidad de apoyar no solo a la población desplazada en Costa Rica, sino también a quienes siguen resistiendo dentro de Nicaragua. «Algunas organizaciones españolas con una larga trayectoria de cooperación al desarrollo no pueden solicitar todos los mecanismos de financiación porque existen restricciones institucionales y burocráticas», añade. Se trata de un problema que termina por afectar «a los beneficiarios finales, las familias que demandan vivienda, salud y escolarización para sus hijos».

Mónica Baltonado, guerrillera, revolucionaria y política nicaragüense que coordina proyectos con Popol Ná, ilustra la denuncia con ejemplos. Su relato recoge la magnitud del vacío dejado por el cierre forzado de organizaciones: «Han cerrado hasta organizaciones que trabajaban con diabetes o con niños con discapacidad», enumera. El efecto directo es que muchas de las prestaciones y servicios que antes funcionaban dentro del país hoy deben ser sustituidos por iniciativas en el exilio, pero con recursos mucho más precarios. «La población nicaragüense necesita seguir recibiendo el apoyo de la cooperación internacional para rearticularse, para reinsertarse en la situación de Costa Rica», subraya.

Sobre el terreno las prioridades son evidentes y prácticas: arrendamiento y mecanización de tierras, compra de insumos, mejora genética y sanidad animal, infraestructuras mínimas (captación de agua, cámaras de frío, transporte, etc.,) y acompañamiento para la formalización de productos agrícolas y lácteos. Sin esos apoyos, la producción queda a merced de compradores itinerantes que imponen precios bajos. Con ellos, la soberanía alimentaria que se construye en el exilio corre el riesgo de convertirse en precariedad sostenida. «De nada sirve el nicaragüense disperso», afirma Mónica, y por eso defiende la organización cooperativa como ruta de salida.

La respuesta que proponen Amaru y Mónica es doble: medidas operativas inmediatas y un giro político que flexibilice la cooperación. En lo inmediato, piden líneas plurianuales de financiación que permitan planificar inversiones productivas, fondos rotativos gestionados por cooperativas locales, la flexibilización de los requisitos administrativos cuando el objetivo es mantener redes de atención a población refugiada y apoyo sostenido a programas de formación de más duración. «No sirven cursos de tres meses», advierten. «Hacen falta programas de 12-18 meses sobre gestión agropecuaria y comercialización». En lo político, reclaman que las administraciones descentralizadas (ayuntamientos, diputaciones y agencias autonómicas) traduzcan sus pronunciamientos en actuaciones concretas, como crear excepciones en criterios de elegibilidad, priorizar la cooperación dirigida a zonas fronterizas vulnerables y articular cadenas de valor que conecten la producción comunitaria con los mercados locales y nacionales.

Hay otra dimensión que no puede quedar fuera: la protección jurídica y la seguridad. Amaru apunta un riesgo real y actual: «El régimen sigue estableciendo actuaciones que violan derechos humanos fuera de su frontera». Frente a ello, «la cooperación no puede limitarse a kits alimentarios y semillas; debe incluir asesoría legal, mecanismos de protección para los activistas y estrategias para atender a quienes han sido desnacionalizados o bloqueados administrativamente. Sostener la ciudadanía en el exilio requiere también protegerla de la persecución transnacional».

En los campamentos se celebran las acciones que se ejecutan desde los proyectos: se siembra maíz para silo, se cuida el ganado donado por las organizaciones, se organizan asambleas para decidir las ventas y el reparto, se imparten clases para las niñas y talleres para mujeres… En paralelo, las organizaciones documentan violaciones, hacen incidencia y mantienen el vínculo con comunidades que no pudieron cruzar la frontera. Pero esa resiliencia tiene un límite si las instituciones que financian y diseñan la cooperación no adaptan sus marcos.

Amaru es claro: «Si los ayuntamientos catalanes, las agencias autonómicas y las ONG que durante décadas caminaron Nicaragua quieren que su solidaridad sea eficaz, deben aceptar que operar en contextos de represión exige formatos excepcionales: flexibilidad administrativa, financiación plurianual, apoyo a la formalización y a la comercialización y recursos para proteger a las personas. De lo contrario, la cooperación seguirá siendo un parche en lugar de una política pública coherente con los derechos humanos».

En la frontera, mientras tanto, la gente seguirá haciendo lo que puede: plantar, criar, enseñar a las niñas la historia que no se quiere perder y mantener viva la red que un día les permitirá intentar volver a casa con garantías. La pregunta que queda es política: ¿Van a acompañarlos las instituciones con las herramientas que la crisis exige o van a dejar que esa escuela de resistencia se limite a sobrevivir con parches y buenas intenciones?